En el caso de los Rosenthal se puso en evidencia que el sistema
tiene gravísimas falencias. Algunas son consecuencia de leyes claramente
inconstitucionales, otras son el resultado del mal funcionamiento de
las entidades responsables de la aplicación de leyes y, finalmente, las
imputables a la desconfianza que inspiran nuestras instituciones. Despojar a las personas de sus bienes sin siquiera existir un juicio y
menos una condena de los tribunales de la República, es claramente
violatorio de la Constitución. Lo es, porque esta expresamente reconoce
la “presunción de inocencia” y prohíbe la confiscación. Solo
mediante sentencia firme puede declararse la responsabilidad criminal y
aplicarse penas. No es lo mismo dictar medidas cautelares para asegurar
bienes, supuestamente fruto del delito, con el objeto de que en
sentencia firme se decida su condición jurídica, a que se prive del
dominio de sus bienes a una persona antes de iniciar siquiera un juicio
contra ella.
Cuando se priva del dominio sin declarar la responsabilidad criminal previamente en sentencia firme, nos encontramos ante un caso de confiscación. Y en nuestro país, según nuestra Constitución, “se prohíbe la confiscación de bienes”, así como se prohíben las “penas confiscatorias”.
En el caso de los Rosenthal,
se están confiscando bienes porque antes de vencerlos en juicio,
pretenden privarlos del dominio de los suyos. Igualmente, se pretende
aplicar penas confiscatorias, porque están comprendiendo bienes cuya
propiedad es anterior al año 2004, en el que supuestamente comienza, por
parte de las autoridades gringas, la investigación que culminó en lo
que todos conocemos. Y a propósito de esta investigación. Debemos
preguntarnos ¿por qué los gringos no informaron a sus pares catrachos
de la misma? Pasaron once años escudriñando el Banco Continental y la
CNBS ni siquiera se enteró, menos el MP. Es más, los mismos titulares de
la CNBS ingenuamente reconocen públicamente, que se enteraron de la
designación de la OFAC, en aplicación de la Ley Kingpin, hasta que los
usuarios de tarjetas de crédito los llamaron para decirles que sus
tarjetas estaban canceladas. Si los gringos no les comunicaron de
su investigación, es de suponer, que no tienen confianza en las
instituciones hondureñas. Lo más grave es que las instituciones en
cuestión son de las más importantes del país. Una, garantiza la salud
del sistema financiero (CNBS); la otra la protección y defensa de la
sociedad (MP). Pero lo más peligroso es que se sospeche de la CNBS,
porque el simple hecho de que no haya conocido de las investigaciones de
la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) sobre el Banco
Continental, pone en mal predicado internacionalmente a la CNBS. Si esta
no es confiable para la OFAC, no lo es para las demás entidades del
sistema financiero internacional.
Un sistema financiero
supervisado por una entidad que no inspira confianza en el sistema
financiero internacional, no es confiable. Habrá que preguntarse,
entonces, cuánto afecta esta desconfianza en la CNBS a las entidades
financieras bajo su supervisión. ¿Estarán bajo sospecha del sistema
financiero internacional y, lo más grave, de la OFAC? ¿Estarán sometidas
a investigación todas las entidades del sistema financiero? Y si es
así, ¿quién vendría a invertir a Honduras a sabiendas de que las
entidades en las que hará sus transacciones están bajo sospecha? Y los
banqueros dicen que todo está bien…
Los responsables de este
descrédito internacional son quienes no hicieron lo que debían hacer
como titulares de la CNBS durante esos once años. Si nuestro país fuera
un estado de derecho, ya habría comenzado la investigación para
identificar a los responsables de esta negligencia criminal, convertida
en vergüenza internacional, y castigarlos severamente para sentar un muy
saludable precedente.